La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner anunció que la segunda cuota del sueldo anual complementario quedará exceptuada por única vez del pago del Impuesto a las Ganancias. La medida se instrumentará con el decreto 2191/12 y se aplicará para todos los asalariados que perciban un ingreso bruto de hasta $25.000. La iniciativa tendrá un costo fiscal de $2.162 millones para el Tesoro y alcanzará casi a la totalidad de los contribuyentes en relación de dependencia que pagan este gravamen. Esta decisión se complementa con el anuncio de que durante 2013, el Gobierno nacional se propone debatir una modificación de los topes salariales a partir de los cuales se paga ese impuesto. Así, la jefa de Estado descartó satisfacer la exigencia del expectro sindical y de distintos grupos sociales para que se incremente el mínimo no imponible, por lo que el anuncio busca compensar esa postergación con una exención del pago del tributo para este aguinaldo.

El fundamento central de la decisión fue expuesto por la propia Presidenta, durante un acto que se realizó en la Casa Rosada: "Queremos contribuir con políticas contracíclicas al consumo, que es lo que ha mantenido vivo este poderoso mercado interno, esta capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores", sostuvo.

La iniciativa oficial podría entenderse también como la puesta en marcha de una estrategia o de un gesto político en respuesta a la gigantesca movilización popular que se realizó en todo el país -el cacerolazo- contra las políticas del Gobierno y como la reacción del Gobierno a la medida de fuerza y la movilización que han preparado la CGT opositora que responde a Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, que entre sus principales reclamos, reivindican la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para los asalariados.

Aunque esta excepción implicará un aporte de cierto valor para el bolsillo de una gran masa de trabajadores formalizados en tiempos en los que la inflación y los mayores costos están horadando la capacidad adquisitiva, también parece razonable poner en la balanza que las medidas tienen contracaras. Al no haberse actualizado el mínimo no imponible, el deshago sobre el impuesto se limita hasta un estimado por distintos expertos en el 4 % del ingreso total anual. Es que de los 13 salarios que percibe el trabajador, 12 y medio (enero a diciembre más el medio aguinaldo del primer semestre) quedarían alcanzados por el gravamen con un minino no imponible de unos $ 5.782 mensuales para un operario soltero. Además, se debe considerar que para el personal que se rige por el monotributo, junto a los autónomos la presión impositiva se agrava porque no cobran aguinaldo y -según la decisión- no recibirán ninguna exención compensatoria. Ni qué hablar de la situación que atraviesa el personal que trabaja en negro (en Tucumán y en el norte del país, la economía tiene un índice de informalidad de un poco más del 40%), en razón de que sus salarios son más bajos que el de los trabajadores formales y que generalmente no perciben aguinaldo, pero que pueden estar alcanzados por alguna de las imposiciones.

Pese a la grandilocuente presentación de esta iniciativa y al respaldo de todo el arco oficialista, y sin restarle sus méritos, parece que se trata de un intento político de ocasión, ante a una pérdida de posicionamiento estratégico del Gobierno frente a la sociedad argentina. Un manejo más solvente de la economía, con la dirección puesta en controlar la escalada inflacionaria -el principal problema del país- podría haber sido una respuesta de mayor hondura. Es que si el Gobierno mantiene el criterio de evitar un sinceramiento de las variables económicas, la realidad termina por colarse por cualquier ventana.